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¿Por qué se plantea esta iniciativa?

En los últimos 20 años, las Reformas Estructurales de Primera Generación (D.S. 21060), así como las de Segunda y Tercera Generación aplicadas en el marco de las políticas de Ajuste Estructural, no sólo han tenido efectos negativos en la calidad de vida de los hombres y mujeres bolivianas, profundizando las brechas de inequidad y exclusión, sino también han provocado el debilitamiento del sistema político, poniendo en cuestión la democracia representativa y su marco institucional; pese a la presencia de actoras / actores emergentes de sectores indígenas y campesinos en el seno del Parlamento Nacional.

Esta situación provocó la profundización de relaciones antagónicas entre el gobierno y la sociedad civil - indígenas, campesinos/as, trabajadores/as, asalariados, no asalariados, vecinos/as de los diferentes barrios de las ciudades. Ello se expresó en las distintas movilizaciones sociales producidas a partir del año 2000 – Guerra del agua y Cerco a La Paz – y que derivaron en los hechos de Febrero, Septiembre y que en Octubre de 2003 muestran su punto más crítico que culminó con la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dando paso a una sucesión constitucional asumida por Carlos Mesa, hasta entonces Vicepresidente de la República.

La lectura de estos acontecimientos señalan la existencia de un movimiento social-ciudadano empoderado que está intentando recuperar la política para la sociedad civil y sus movimientos sociales. La acción ha permitido vivir un momento crucial y de inflexión para redefinir el país que queremos, el tipo de desarrollo que se quiere lograr, los hombres y mujeres que se quiere formar, el tipo de relaciones a construir. Para esto es necesario trabajar en temas de carácter estructural como la Asamblea Constituyente, la redefinición de lo político y la participación proactiva de los movimientos sociales (en especial las mujeres) y la sociedad civil en su conjunto, tal como lo expresó la ciudadanía en la movilización de octubre pasado y con su participación en el referéndum en julio del presente año.

La problemática que busca resolver el proyecto es la de ampliar las oportunidades de participación de las mujeres (de organizaciones de base y la sociedad civil en general) en los espacios de decisión política Estatal como es el caso de la Asamblea Constituyente. El agotamiento del modelo de pactos de gobernabilidad ha debilitado el sistema de representación social, generando una deslegitimación social permanente de los gobernantes. Frente a esto se intenta insertar en el espacio de lo político una nueva forma de hacer política alejada de los hechos que han provocado una alta falta de credibilidad en el sistema político de partidos como mediador entre sociedad y Estado. Lo que significa la inclusión de las mujeres en el ámbito político con una cultura y prácticas de diálogo, deliberación y negociación entre Estado y sociedad civil, considerando como base los derechos humanos de las personas y en particular de las mujeres; de tal manera que se fortalezca la participación activa y la institucionalidad democrática.